Europa contempla horrorizada cómo el presidente norteamericano Donald Trump parece dispuesto a traicionar al presidente de Ucrania,
Volodymir Zelensky, a quien su país apoyó durante años.
Pero lejos de ser una novedad en la política norteamericana, este es un patrón habitual en su historia reciente. Saddam Hussein, Muamar Gadafi, Manuel Noriega e incluso Osama Bin Laden, desmienten la idea de que un "loco" se ha instalado en la Casablanca.
La historia de la política exterior estadounidense está marcada por un patrón recurrente: la creación o el respaldo de figuras consideradas "útiles" en un momento dado, para luego abandonarlas, confrontarlas o incluso eliminarlas cuando sus intereses estratégicos cambian.
Este patrón, que mezcla pragmatismo con un alto costo humano y moral, se ha repetido en múltiples conflictos del último siglo. Desde líderes armados y financiados para contener el comunismo durante la Guerra Fría hasta caudillos instrumentalizados para debilitar rivales regionales, Estados Unidos ha tejido alianzas que, con el tiempo, se convirtieron en justificación para intervenciones militares o cambios de régimen.
Saddam Hussein: De aliado estratégico a "enemigo de la humanidad"
La relación entre Estados Unidos y Saddam Hussein es un ejemplo emblemático de cómo la Realpolitik puede borrar las líneas entre el bien y el mal.

Durante la década de 1980, en plena Guerra Fría, el régimen de Saddam era visto en Washington como un baluarte contra el expansionismo de la Revolución Islámica de Irán. Cuando Irak invadió Irán en 1980, la administración Reagan no dudó en apoyar al dictador iraquí. Estados Unidos le proporcionó inteligencia militar, financiamiento agrícola (incluyendo créditos por miles de millones de dólares) y tecnología dual —equipos con usos civiles y militares— que indirectamente reforzaron su maquinaria bélica. Empresas estadounidenses y europeas, con aval gubernamental, incluso suministraron materiales clave para el desarrollo de armas químicas, las cuales Saddam usaría de forma masiva contra soldados iraníes y civiles kurdos en Halabja (1988), matando a miles. El momento más simbólico de esta alianza fue la visita de Donald Rumsfeld —entonces enviado especial de Reagan— a Bagdad en 1983, donde estrechó la mano de Saddam pese a conocer informes sobre su uso de gases tóxicos.
Sin embargo, la relación comenzó a resquebrajarse cuando Hussein invadió Kuwait en 1990, amenazando el flujo petrolero global y el equilibrio de poder en Oriente Medio. La administración de George H. W. Bush lideró una coalición internacional que expulsó a Irak de Kuwait en la Guerra del Golfo (1991), pero decidió no derrocar a Saddam, temiendo un vacío de poder que beneficiara a Irán.
La ambigüedad continuó en los años siguientes: mientras Estados Unidos imponía sanciones devastadoras a Irak —que según la ONU causaron la muerte de medio millón de niños— y establecía zonas de exclusión aérea, también permitió que Saddam permaneciera en el poder.
Todo cambió tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. La administración de George W. Bush, ávida de redefinir su presencia en la región, vinculó falsamente a Saddam con Al Qaeda y aseguró que Irak poseía "armas de destrucción masiva".
Pese a la falta de pruebas y a la oposición de aliados como Francia y Alemania, Estados Unidos invadió Irak en 2003. La caída de Saddam fue rápida, pero las consecuencias fueron catastróficas: no se encontró ningún arma de destrucción masiva, y el país se sumió en una guerra sectaria y un caos que alimentó grupos como el ISIS. Saddam, capturado en 2003 y ejecutado en 2006, pasó de ser un socio tolerado a un monstruo utilizado para justificar una guerra basada en mentiras.
Muamar Gadafi: El paria rehabilitadoLa trayectoria de Muamar Gadafi, el excéntrico líder libio que gobernó durante 42 años, ilustra otro capítulo de la volátil relación de Estados Unidos con figuras incómodas pero funcionales a sus intereses.
Durante décadas, Gadafi fue sinónimo de terrorismo y desafío al orden occidental: apoyó grupos armados como el IRA y la OLP, financió atentados como el de la discoteca La Belle en Berlín (1986) —que provocó bombardeos de represalia de Reagan sobre Trípoli—, y fue vinculado al ataque de Lockerbie (1988), donde murieron 270 personas. Para Washington, era un enemigo irreductible.
Sin embargo, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, Gadafi vio una oportunidad. En 2003, en plena invasión estadounidense a Irak, sorprendió al mundo al renunciar públicamente a su programa de armas de destrucción masiva y abrir sus instalaciones a inspecciones internacionales. Este gesto, motivado por el temor a convertirse en el próximo Saddam Hussein, fue celebrado por la administración Bush como un triunfo diplomático.
Estados Unidos y Europa normalizaron relaciones con Libia, levantaron sanciones y permitieron a empresas occidentales —como BP y ExxonMobil— acceder a sus vastas reservas de petróleo. Gadafi, otrora "loco del desierto", fue recibido en capitales europeas y hasta dio un histórico discurso en la ONU en 2009, donde denunció el Consejo de Seguridad como una "mafia".
La cooperación antiterrorista se profundizó: la CIA envió presuntos extremistas a Libia para ser interrogados bajo tortura (un programa conocido como "rendición extraordinaria"), y Gadafi se alineó con Occidente contra grupos yihadistas en el Sahel.
Pero esta alianza, construida sobre fríos cálculos, se desmoronó en 2011. En febrero de aquel año, tras el estallido de protestas en Libia inspiradas por la Primavera Árabe, medios internacionales y gobiernos occidentales difundieron la idea de que Gadafi estaba ordenando "bombardeos masivos contra su propia población" en Bengasi. Se citaban supuestas masacres con aviación y artillería, e incluso se habló de "genocidio". Sin embargo, investigaciones posteriores, incluido un informe del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento Británico en 2016, concluyeron que "no hubo evidencia de que el régimen libio estuviera planeando una matanza sistemática de civiles" en Bengasi.

El informe británico, basado en testimonios de inteligencia y diplomáticos, admitió que el gobierno de David Cameron "exageró la amenaza humanitaria" para ganar apoyo a la intervención. De hecho, según cables filtrados y análisis de The New York Times, las fuerzas de Gadafi se concentraban en combatir a grupos armados —no en atacar indiscriminadamente—, y las cifras de muertes previas a la intervención de la OTAN eran significativamente menores a las reportadas. La narrativa del "dictador loco bombardeando a su pueblo", repetida incansablemente por Hillary Clinton y Nicolas Sarkozy, fue un casus belli fabricado.
¿Por qué este revisionismo importa? Porque revela que, al igual que con las falsas "armas de destrucción masiva" en Irak, Estados Unidos y sus aliados recurrieron a un relato sensacionalista —esta vez bajo la doctrina de "Responsabilidad de Proteger"— para derrocar a un líder que, paradójicamente, habían rehabilitado años antes. Gadafi, tras abandonar su programa nuclear y cooperar en la "guerra contra el terrorismo", ya no era útil: su control sobre el petróleo libio (con reservas estimadas en 48 mil millones de barriles) y su resistencia a privatizar sectores estratégicos lo convertían en un obstáculo. La intervención de la OTAN, presentada como una misión humanitaria limitada, derivó en un bombardeo sistemático de infraestructura civil (incluyendo escuelas y hospitales, según Amnistía Internacional) y apoyo logístico a milicias rebeldes de dudosa reputación, muchas vinculadas a grupos yihadistas. La muerte de Gadafi —linchado por una turba tras ser capturado— no solo fue un acto de violencia extrema, sino un símbolo de cómo Occidente instrumentaliza la retórica de los derechos humanos para encubrir intereses económicos y estratégicos.
La caída de Gadafi nos muestra otra faceta del patrón imperialista estadounidense: la disposición a rehabilitar a un antiguo enemigo cuando conviene, para luego deshacerse de él cuando deja de ser útil o se convierte en un obstáculo.
Estados Unidos y sus aliados no actúan por principios éticos, sino que instrumentalizan discursos morales para justificar intervenciones que consolidan su hegemonía. Gadafi, como Saddam, fue útil hasta que dejó de serlo, y su eliminación —basada en mentiras— dejó secuelas más graves que los males que pretendía combatir.
Noriega: El aliado narco que Estados Unidos creó —y luego destruyóLa historia del general panameño Manuel Noriega nos pone frente a otra faceta del manual de la política exterior estadounidense: la colaboración con figuras criminales mientras sirven a sus intereses, seguida de su demonización y eliminación cuando dejan de ser funcionales.
Noriega, un hombre clave en el tráfico de drogas y el lavado de dinero en América Latina, fue durante décadas un socio privilegiado de Washington. Su caída, sin embargo, no fue un acto de justicia, sino el resultado de un cálculo geopolítico frío y un recordatorio de que, para Estados Unidos, incluso los aliados más corruptos son prescindibles cuando amenazan su imagen o sus prioridades estratégicas.

Noriega comenzó su relación con Estados Unidos en la década de 1950, cuando fue reclutado por el Ejército estadounidense como informante durante su formación en la Escuela de las Américas, la cual era una institución notoria por entrenar a militares latinoamericanos en tácticas contrainsurgentes, muchas veces vinculadas a violaciones de derechos humanos. Para 1967, ya era un activo de la CIA, proporcionando inteligencia sobre movimientos izquierdistas en la región. Su ascenso al poder en Panamá en 1983, tras un golpe de Estado, contó con el respaldo tácito de Washington: la administración Reagan lo consideraba un aliado contra el sandinismo en Nicaragua y el comunismo en Centroamérica.
A pesar de que, desde los años 70, Noriega facilitaba el tráfico de cocaína del Cartel de Medellín hacia Estados Unidos lavando dinero a través del Banco Nacional de Panamá y cobrando comisiones, las agencias estadounidenses lo protegieron. Incluso después de que un informe del Senado de EE.UU. en 1986 lo señalara como narcotraficante, la CIA y la DEA mantuvieron su colaboración con él. ¿La razón? Noriega permitía operaciones encubiertas en la región, incluido el financiamiento ilegal de los Contras en Nicaragua (el escándalo Irán-Contra), y garantizaba el control estadounidense sobre el Canal de Panamá, estratégico para el comercio y la geopolítica hemisférica.
El punto de quiebre llegó a finales de los 80. Con la Guerra Fría en declive, Noriega ya no era indispensable. Además, su régimen se volvió un problema de relaciones públicas: su narcotráfico era demasiado visible, y su autoritarismo —incluidas fraudes electorales y la represión de opositores, como el decapitado líder Hugo Spadafora— generaba críticas internacionales. Cuando Noriega empezó a flirtear con Cuba y la URSS, buscando diversificar alianzas, Washington decidió actuar.

En diciembre de 1989, el presidente George H. W. Bush ordenó la invasión de Panamá (llamándola irónicamente "Operación Causa Justa"), movilizando 27,000 soldados para capturar a Noriega. La justificación fue combatir el narcotráfico y "restaurar la democracia", pero los motivos reales eran otros: asegurar el control del Canal (cuya transferencia a Panamá estaba pactada para 1999) y enviar un mensaje de fuerza tras el fin de la Guerra Fría. La operación, una de las mayores desde Vietnam, dejó entre 500 y 3,000 civiles muertos —según estimaciones de organismos de derechos humanos—, barrios enteros destruidos en El Chorrillo, y un saldo de impunidad: Estados Unidos nunca compensó a las víctimas.
Noriega, capturado en enero de 1990, fue juzgado en Miami por narcotráfico (no por crímenes de lesa humanidad) y condenado a 40 años de prisión. Su juicio, sin embargo, expuso la hipocresía del sistema: los fiscales omitieron muy convenientemente mencionar que la CIA había tenido acceso a sus cuentas bancarias y conocido sus vínculos con el cartel de Medellín desde los 70. Como señaló el abogado estadounidense Sidney Schafer: "Noriega no era un monstruo autónomo: era un producto de Washington". Así, el caso Noriega reveló cómo Estados Unidos instrumentaliza la "guerra contra las drogas" y la retórica democrática para encubrir intervenciones motivadas por intereses estratégicos. Tras décadas de utilizar a Panamá como base militar y centro de operaciones encubiertas, Washington eliminó a su antiguo socio cuando este osó desafiar su hegemonía. El general, por su parte, nunca fue más que un peón en un juego más grande: tras su extradición a Francia en 2010 y su eventual muerte en 2017, Panamá siguió lidiando con la corrupción sistémica y la desigualdad que su régimen —y la injerencia estadounidense— ayudaron a profundizar.

Osama bin Laden: Del "luchador por la libertad" a la fabricación de un enemigo globalLa historia de Osama bin Laden es quizás la más paradigmática —y trágica— de todas las alianzas tóxicas tejidas por Estados Unidos. Su trayectoria, desde colaborador clave en la Guerra Fría hasta símbolo del terrorismo global, no solo revela la miopía de la política exterior estadounidense, sino también las consecuencias catastróficas de armar ideologías radicales en nombre de intereses geopolíticos a corto plazo.
En la década de 1980, durante la invasión soviética de Afganistán, Estados Unidos lanzó la Operación Ciclón, un programa secreto de la CIA para financiar y entrenar a los muyahidines que combatían al Ejército Rojo. Entre esos combatientes estaba un joven saudí idealista: Osama bin Laden. Con el respaldo de Pakistán y Arabia Saudita, Washington canalizó más de $3 mil millones (ajustados a inflación) en armas, entrenamiento y logística a los insurgentes, incluyendo a los predecesores de Al Qaeda.
Bin Laden, heredero de una fortuna familiar, se convirtió en un puente entre los donantes árabes y los combatientes afganos. Aunque no hay evidencia de que la CIA lo entrenara directamente —su papel era más logístico y financiero—, sí operó en un ecosistema creado y alimentado por Estados Unidos. Funcionarios como Zbigniew Brzezinski, asesor de seguridad de Jimmy Carter, celebraron la yihad como una "lucha por la libertad", ignorando deliberadamente su potencial extremista.
Brzezinski afirmaría en 1998: "¿Qué importaba si algunos fanáticos se armaban? La meta era hacer sangrar a la URSS".
Tras la retirada soviética en 1989, Estados Unidos abandonó Afganistán, dejando un país devastado y facciones islamistas radicalizadas luchando por el poder. Bin Laden, desilusionado por la presencia militar estadounidense en Arabia Saudita tras la Guerra del Golfo (1991) y la corrupción de las monarquías del Golfo, comenzó a ver a Washington como el nuevo "enemigo de los musulmanes". En 1996, declaró la yihad contra Estados Unidos, acusándolo de ocupar tierras islámicas y saquear sus recursos. El atentado a las embajadas de EE.UU. en Kenia y Tanzania (1998) y el 11-S (2001) fueron la culminación de esta radicalización. Irónicamente, muchos de los combatientes entrenados en los 80 —y las tácticas de guerra asimétrica enseñadas por la CIA— se volvieron contra su antiguo patrocinador. Como señaló el exagente de la CIA Robert Baer: "La CIA creó a Al Qaeda. No directamente, pero sí al darles un campo de entrenamiento y una causa".

Tras los ataques del 11-S, Estados Unidos invadió Afganistán en 2001 con el objetivo declarado de capturar a Bin Laden y destruir Al Qaeda. Sin embargo, la operación rápidamente se entrelazó con una agenda más amplia: establecer bases militares en Asia Central, controlar el corredor energético del Caspio y proyectar poder en una región estratégica. Bin Laden, por su parte, escapó a las montañas de Tora Bora, donde —según informes de soldados estadounidenses— pudo huir debido a una decisión deliberada de priorizar el uso de milicias afganas sobre tropas especiales.
No fue hasta mayo de 2011, bajo el gobierno de Barack Obama, que un equipo SEAL lo mató en Abbottabad, Pakistán. Su cuerpo fue arrojado al mar para evitar que su tumba se convirtiera en un santuario. Aunque vendida como una "victoria de la justicia", la operación generó preguntas incómodas: ¿Cómo pudo Bin Laden vivir años cerca de una academia militar pakistaní? ¿Por qué EE.UU. no lo capturó vivo para interrogarlo? Y, sobre todo, ¿qué ganó Estados Unidos tras una década de guerra?
La muerte de Bin Laden no detuvo a Al Qaeda ni acabó con el terrorismo. Por el contrario, la invasión de Irak (basada en mentiras) y los drones que mataron civiles en Pakistán y Yemen alimentaron nuevos reclutamientos. El vacío de poder en Afganistán permitió el ascenso del ISIS, y las torturas en Guantánamo mancharon la imagen moral de EE.UU. Mientras tanto, Bin Laden logró su objetivo: arrastrar a Estados Unidos a una "guerra sin fin" que consumió billones de dólares y dejó más de 900,000 muertos según el Costs of War Project.
La redención de Al QaedaEl caso de Hayat Tahrir al-Sham (HTS) y su líder Ahmed al-Charaa (Mohamed al-Jolani), que controlaba la provincia de Idlib y acabó liderando Siria tras la derrota de Assad, demuestra que el ciclo de alianzas tóxicas de Estados Unidos no solo persiste, sino que se adapta a nuevas guerras.
Aunque Washington designaba a HTS como organización terrorista por sus vínculos históricos con Al Qaeda, la realidad sobre el terreno revelaba una colaboración de facto basada en intereses coyunturales: combatir al régimen de Bashar al-Assad y contener la influencia de Rusia e Irán. Esta dinámica repitió el guion de los 80, cuando Estados Unidos armó a los predecesores de Al Qaeda para derrotar a la URSS, sin importar el costo futuro. Cuando la Siria de Bashar al-Assad cayó a finales de 2024, EEUU y las potencias occidentales reconocieron al-Jolani como líder. Lo mismo hizo Rusia, al permitírsele conservar las bases militares en la costa siria.

Ahmed al-Charaa, alias Mohamed al-Jolani, es un ejemplo de cómo los antiguos enemigos pueden ser rehabilitados si sirven a los intereses de Washington. Nacido en Irak, Jolani se radicalizó durante la ocupación estadounidense (2003-2011) y se unió a Al Qaeda en Irak (AQI), el grupo que luego mutaría en ISIS. Tras huir a Siria en 2011, se convirtió en líder de Jabhat al-Nusra, la filial siria de Al Qaeda, responsable de atentados suicidas, secuestros y la imposición de la sharia en zonas bajo su control.
Sin embargo, en 2017, Jolani ejecutó un rebranding estratégico: rompió públicamente con Al Qaeda (una maniobra considerada por muchos como ficticia) y rebautizó a su grupo como HTS, presentándolo como una fuerza "moderada" enfocada en derrocar a Assad, no en ataques globales. Este lavado de imagen coincidió con un cambio en las prioridades estadounidenses. Aunque EE.UU. mantenía a HTS en su lista de terroristas, permitió que el grupo recibiera apoyo tácito —incluyendo inteligencia y cobertura aérea indirecta— a través de aliados regionales como Turquía, que lo veía como un baluarte contra las fuerzas kurdas (YPG/SDF), consideradas "terroristas" por Ankara.
Así, mientras Estados Unidos bombardeaba a otros grupos vinculados a Al Qaeda en Yemen o Somalia, en Siria toleró —e incluso se benefició— de la presencia de HTS, dejando en sus manos el gobierno de Siria. Mientras tanto Turquía, miembro de la OTAN, actuó como intermediario: entrenó y armó a grupos afines a HTS bajo la fachada de "Ejército Nacional Sirio" de cara al golpe final contra Assad.
Al-Jolani, consciente de su utilidad geopolítica, se dedicó a explotar esta ambigüedad, presentándose como un líder pragmático dispuesto a dialogar con Occidente. Mientras tanto, HTS siguió aplicando ejecuciones públicas, reclutando niños y persiguiendo disidentes, y generando una violencia que no ha cesado aún después del fin de Bashar al-Assad.
A principios de 2025, Donald Trump, el nuevo presidente en Estados Unidos, parece decidido a darle la espalda a su antiguo aliado, Volodymir Zelensky. Analistas y medios de comunicación más afines a la anterior administración norteamericana tratan de presentarlo como una infamia sin precedentes, pero, como hemos visto a lo largo de este artículo, este
modus operandi no es la excepción, sino la norma, en la política norteamericana.
Como dijera el secretario de estado norteamericano Henry Kissinger en 1968, "ser enemigo de Estados Unidos puede ser peligroso, pero ser amigo de Estados Unidoses fatal".