Afortunadamente, las fuerzas políticas y sociales que caminan hacia el progreso en España han tenido la suficiente visión como para entender el momento histórico en el que nos encontramos, y plantear la cuestión de la sucesión monárquica como una en la que el verdadero problema no es ya la polarización entre monarquía y república (por grotescos que resulten detalles como la paga de 8000 euros mensuales que recibirá la Infanta Leonor, de 8 años de edad), sino el hecho en sí de que aquí no se consulta a los ciudadanos absolutamente para nada.
El voto se deposita en la urna cada cuatro años, y da carta blanca al partido elegido para hacer lo que quiera. ¡Y ni siquiera tiene que cumplir con su programa! Ni con el programa, ni con las ideas políticas que se supone que tiene. Nada. Una vez entregado el voto, la voluntad popular es secuestrada por un partido que puede hacer lo que le venga en gana sin que exista ningún mecanismo para responsabilizarle del modo en que usa los votos. Y nos encontramos en la peor legislatura en lo que respecta al incumplimiento sistemático del programa que llevaron los ganadores a las elecciones.
Gracias a esta asuencia de mecanismos de control suceden auténticas aberraciones, como el firme pacto monárquico del PP con el PSOE, a pesar de que buena parte de la militancia y de los votantes de este último partido están pidiendo un referéndum. Incluso en las manifestaciones del lunes convocadas a través de las redes sociales pudieron verse banderas del PSOE portadas por militantes descontentos. Y el cuestionamiento de la monarquía es algo que también afecta a muchos votantes del PP, y que sería aún mayor si no fuera por el miedo -impulsado por los medios de comunicación afines- a que una República fuera una especie de fantasía en la que acechan los fantasmas guerracivilistas en lugar de ser un gobierno con un presidente que se vota en lugar de con un Rey que eligió un dictador y cuyo cargo ahora va a pasar a su hijo.
Pero independientemente de la opinión de los votantes, el poder legislativo en manos de los partidos implica que los casi 7 millones de votantes del PSOE (y casi 11 del PP) estarán apoyando supuestamente que no se pueda opinar acerca de la sucesión monárquica, independientemente de la opinión real de estos votantes. Y lo mismo va a suceder con el resto de partidos, que se apropian de un poder legislativo que a estas alturas de la historia podría desplazarse sin grandes estragos hacia toda la población.
Se trata de un gran problema de este régimen español que se nos cae a pedazos. Los partidos políticos, totalmente desconectados de sus votantes, legislan y deciden de espaldas a la calle. No se consultan más que las encuestas de vez en cuando -sobre todo si se acercan elecciones-, y ni se respeta siquiera el programa propio. Y lo que la calle está pidiendo ahora a los atrincherados en el Parlamento es sencillo: Que tras la abdicación del Rey podamos decidir entre todos si queremos continuar o no con este modelo de Estado.
Ha llegado un momento en el que se tiene que dejar de tratar a los ciudadanos en España como niños pequeños que tienen que ser tutelados desde unos partidos políticos que creen tener mucho "sentido de Estado" al imponer decisiones como ésta.
Es lo único que queremos: Poder de decisión. Porque en eso consiste precisamente una democracia.
[imagen por Manel Fontdevila]
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